• Las leyes y políticas públicas deben incluir la promoción y la protección de los derechos humanos. Su elaboración debe contemplar un impacto positivo en todas y todos los ciudadanos, y la generación equitativa de beneficios.
• Las acciones de incidencia buscan fortalecer el estado de derecho.
• Las autoridades deben comprender, legislar y sancionar las peores formas de trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas, así como desarrollar, coordinar e implementar políticas públicas a nivel municipal, estatal y federal.

Desde febrero de 2020 somos una de las tres organizaciones de la sociedad civil con voz y sin voto ante la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas que preside la Secretaría de Gobernación.